Aun cuando esperan que el Senado ratifique el dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral, el cual  fue aprobado por la Cámara de Diputados, se tiene que avanzar en el impulso, coordinación, capacitación y sensibilización con los distintos agentes involucrados en el ámbito político electoral para detener estas acciones contra las mujeres,  afirmaron las Consejeras Electorales de cuatro estados, durante el Primer Conversatorio, denominado: “Precedentes de casos de violencia política en razón de género”.

Invitadas por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) en el marco de la Campaña Mundial de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, las Consejeras Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo; del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Olga Viridiana Maciel Sánchez; del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Magdalena Vila Domínguez y del Instituto Estatal Electoral  y de Participación Ciudadana de Oaxaca,  Rita Bell López Vences, lamentaron que actualmente no se observa una real reparación del daño y/o una sanción tal, que inhiba la repetición de dichas conductas.

En su exposición, cada una de las Consejeras Electorales dieron a conocer casos documentados y resueltos de violencia política en razón de género que se presentaron en los recientes procesos electorales realizados en cada uno de sus estados, así como las acciones emprendidas por sus respectivos Institutos  para combatir  y sensibilizar sobre esa problemática.

En su mensaje, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Karla Gabriela Peraza Zazueta señaló que la violencia política en razón de género se ha incrementado en todo el país, por lo que hoy nos encontramos en la encrucijada de vislumbrar si los mecanismos adoptados por el Estado mexicano y la sociedad son lo suficiente para erradicarla.

Afirmó que se necesitan acciones urgentes, que vengan a atender la igualdad entre los géneros y determinar si las tipificaciones jurídicas o la falta de armonización entre las legislaciones existentes han favorecido a la creciente desigualdad; en ese contexto, ponderó el trabajo coordinado del IEES con otras instancias para la elaboración del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para el Estado de Sinaloa.